Acuerdo de Escazú, ¿humo blanco o sólo humo?

Inició el último periodo de sesiones del actual Congreso de la República, cuyo trabajo legislativo estará marcado no solo por las dinámicas de un año previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias, sino por los desafíos económicos y sociales que está dejando la pandemia  del Covid-19. En medio de este panorama está en manos del parlamento definir el futuro del Acuerdo de Escazú, un compromiso internacional para la protección del medio ambiente y los líderes medioambientales. El instrumento al que solo le falta un paso para ser una realidad en el país y que a primera vista podría considerarse oportuno, ha generado un profundo debate que involucra a los partidos políticos, los gremios económicos, los ambientalistas y a la sociedad civil.

Por Liz Jurado.

Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, ocupa el primer lugar en variedad de aves y orquídeas, el segundo en diversidad de plantas, anfibios, peces dulceacuícolas y mariposas, el tercero en diversidad de reptiles y el cuarto en mamíferos, es considerado potencia hídrica y alberga al 50% de los páramos del mundo. Sin embargo, es al mismo tiempo uno de los territorios con más conflictos ambientales, marcados por la contaminación hídrica y atmosférica, la deforestación y la minería ilegal, entre otros, y ocupa el primer lugar en el mundo en asesinatos a líderes ambientales según la organización internacional Global Witness, que alertó que durante el 2.019 se perpetraron “64 asesinatos en contra de líderes y lideresas  que trabajaron en la protección de la tierra, el bosque y los ríos”. 

Bajo esta realidad, el país junto con varias naciones de Latinoamérica y el Caribe  avanzaron en la construcción conjunta del Acuerdo de Escazú, según Camilo Prieto, Fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, “un instrumento vital porque por primera vez en la historia se genera un acuerdo en el que confluyen las problemáticas ambientales y su vinculación con los derechos humanos, ya que la degradación ambiental tiene una intersección directa con la salud pública y los derechos fundamentales”.  Es también el primer acuerdo en el mundo en incluir disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, según  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

El acuerdo fue suscrito por 24 países de la región entre ellos Colombia, cuya firma fue anunciada por el presidente Iván Duque el 11 de diciembre de 2019. Desde ese momento el mandatario se comprometió a presentar el proyecto de ley para que fuera ratificado por el Congreso (un requisito que entre en vigencia), y así lo hizo el 20 julio del 2020, radicando la iniciativa con mensaje de urgencia. Pese a esto, corre el riesgo de no ser aprobado y sus principales opositores pertenecen a la coalición de gobierno.

 

¿Por qué se enredó el Acuerdo de Escazú?

12 países entre ellos México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía, han ratificado el acuerdo, sin embargo, en Colombia el debate para su ratificación se avivó luego de que iniciara la discusión de los alcances del mismo durante las audiencias públicas y el trámite en el Congreso.

Justicia ambiental

El acuerdo establece que los ciudadanos tendrán a su disposición las herramientas jurídicas necesarias para dirimir las controversias ambientales. Los primeros en cuestionar este punto, fueron los integrantes del Consejo Gremial, quienes manifestaron que se podría poner en riesgo el progreso del país.  

Para José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán: “Lo más grave es que permite que la jurisdicción internacional opere en Colombia. El país tiene una larga trayectoria en protección de derechos ambientales y una legislación incluso basta, incluso, el país está muy adelantado en buena parte en estos temas, uno no entiende el por qué ahora uno tiene que meter tribunales extranjeros”. Esta versión que fue rechazada por uno de los ponentes de la iniciativa, el Senador Antonio Sanguino del Partido Verde, quien sostuvo: “Eso es absolutamente falso, los organismos internacionales de justicia siempre son complementarios a la jurisdicción interna, Más bien lo que permite es robustecer las jurisdicciones especializadas en para que la justicia colombiana y el Estado actúen para proteger nuestro patrimonio natural”.

 

Protección de líderes ambientales.

El acuerdo comprende una serie de disposiciones para la protección de las personas y comunidades que trabajan por la defensa del medio ambiente. Según varios congresistas, Colombia cuenta con todos los instrumentos legales para garantizar su ejercicio, de otro lado, los líderes ambientales consideran que hacen falta mecanismos para la garantía de su ejercicio.

Durante la más reciente sesión del proyecto, el Senador por el Centro Democrático, Ernesto Macías, manifestó: “Algunos ponen en el centro de la aprobación o no de este proyecto la vida de personas y no es así.  Yo la probaría ya, es que esto va a evitar que se pierdan más vidas, la mayoría de ellas lo digo con certeza por estadísticas de la Fiscalía son por grupos de narcotráfico, entonces si esto evita yo diría probémoslo hoy mismo pero no”. Pero Camilo Prieto, del Movimiento Ambientalista Colombiano, advierte que el acuerdo es una herramienta fundamental, en tanto que “las normas ya están, pero precisamente la institucionalidad se ha mostrado incapaz de proteger a los ciudadanos. Lo que sí es real es que si hace años se hubiera  acogido este Acuerdo muchos proyectos que se han desarrollado en el país a expensas de la vida y la desaparición forzada de los líderes ambientales seguro no se hubieran realizado”.

Acceso pleno a la información

Se establece que cualquier persona podrá consultar la información de todos los proyectos que generen algún impacto ambiental. Para Édgar Cruz, de la Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea, Corpohumadea, se trata de un punto clave para las comunidades y los líderes ambientales: “muchos los procesos que nosotros hemos jalonado, hemos podido comprobar cómo el Gobierno nacional y las empresas extractivas utilizan toda la información técnica que ellos tienen de manera perversa y cuando llegamos a un litigio en los estrados judiciales en la mayoría de los casos los jueces lo que dicen es que los argumentos de las comunidades no tienen un soporte técnico, porque la  mayoría no cuenta más que con del conocimiento ancestral de sus territorios. Y agrega que abrir la información permitiría superar esa brecha: “la única posibilidad de tener un componente técnico es cuando las multinacionales y las  autoridades nacionales y locales nos dejen de decir que no tienen esa información”.

Sin embargo, según Lafaurie, este punto podría poner en riesgo el desarrollo del país porque “permite que cualquier persona, cualquier tercero que no tenga un interés directo sobre un tema específico pueda hacer valer esa condición, no sólo para pedir todo tipo de información sino para oponerse claramente al desarrollo de cualquier actividad productiva sobre el territorio”.

Participación de todos 

El acuerdo deja claro que cualquier persona podrá participar activamente en los procesos que representen algún impacto ambiental y deja claro que  cuando haya comunidades indígenas involucradas se buscará su consentimiento.

En una ponencia negativa impulsada por los Senadores Juan Diego Gómez del Partido Conservador, José Luis pérez Oyuela de Cambio Radical y los Representantes Gustavo Londoño del Centro Democrático y el conservador Jaime Felipe Lozada, aseguran que “Esa posibilidad tan amplia de ejercer el derecho a la participación sin necesidad además de justificar una legitimación activa de la parte, equivale a abrir una caja de pandora que incrementa los riesgos de responsabilidad administrativa para el Estado, desestimula la inversión y aumenta el riesgo jurídico”. 

Al respecto, Norman Bañol, Consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas –CRIDEC- afirmó que aunque ya existe la consulta previa, es necesario fortalecer los mecanismos de participación de todos los ciudadanos. “Es importante que tengamos más garantías para que podamos participar de manera efectiva y activa. Es una manera de cuidar y blindar a nuestra madre tierra, porque no tiene ninguna lógica la acumulación de capita l cuando nuestros recursos se están agotando de una manera acelerada. No queremos decir que la explotación no se puede hacer, pero sí que el aprovechamiento de los recursos puede hacerse de una manera armónica que nos lleve a un nivel de crisis con la madre naturaleza”. 

 

¿Cómo pinta el futuro de la iniciativa?

Aunque el proyecto para la ratificación del Acuerdo de Escazú fue radicado por disposición del Presidente Ivan Duque, cuenta con una ponencia negativa impulsada por varios integrantes de la bancada de su Gobierno y también existe otra liderada por los sectores liberal y de centro izquierda. Si no se aprueba o tramita deberá ser presentada de nuevo y el único que podría realizarlo es quien ostente el cargo de Presidente de la República.

De retomarse su trámite, deberá hacerse en medio de las discusiones de las reformas tributaria, a la salud y la pensional, anunciadas por el Gobierno nacional. Una agenda ambiciosa en medio de la pandemia y al tratarse de un año preelectoral, en los que tradicionalmente el trabajo parlamentario es lento, porque los congresistas se ocupan en impulsar las campañas presidenciales y su reelección en el legislativo. 

Antonio Sanguino Senador del Partido Verde: “Aunque fue radicado por el Gobierno con un mensaje de urgencia,  lo que que implicaría el compromiso de la coalición de Gobierno, lo que nos hemos encontrado es que pareciera ser una operación de lavada de manos, dejando el proyecto a su suerte no haciendo el esfuerzo para que sus propias bancadas lo acojan, lo defiendan y lo tramiten. Sin embargo, vamos a insistir porque en Colombia tiene que haber espacio para la agenda ambiental que debería ser lo primero”.

Ernesto Macias, Senador Centro democrático: “El trámite del proyecto está un poco demorado. Hay muchas dudas sobre algunos aspectos. Hay una ponencia positiva y una negativa. El futuro es incierto”.